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RNDDHM manifiesta su preocupación por defensoras de El Barzón Chihuahua

 

 

C. César Duarte Jáquez

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

PRESENTE

 27 de noviembre de 2014.

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), entre ellas la Red Mesa de Mujeres, nos ponemos en contacto con Usted para manifestar nuestra preocupación por las defensoras integrantes de El Barzón Chihuahua, unión de productoras/es agropecuarias/os que defienden particularmente, los derechos medioambientales y  el derecho a una vivienda digna en el estado de Chihuahua.

 La RNDDHM ha tenido conocimiento de los diversos actos de intimidación y amenazas que el Barzón Chihuahua enfrenta por su oposición a la explotación ilegal del agua y de los sistemas de riego; la sobreexplotación de mantos acuíferos y pozos; el desarrollo de procesos de contaminación y destrucción de parcelas y cultivos y contra el daño ambiental provocado por la Empresa minera Mag Silver y su filial El Cascabel en la región de San Buenaventura, Chihuahua.

Recientemente se nos informó de las amenazas que integrantes de El Barzón Chihuahua recibieron, luego de la realización de un acto público a dos años del asesinato de la defensora Manuela Martha Solís Contreras y su esposo, el también defensor, Ismael Solorio Urrutia, ambos integrantes de El Barzón Chihuahua y quienes fueron asesinados el 22 de octubre de 2012 mientras viajaban del Ejido Benito Juárez a la Ciudad de Chihuahua.[1]

Cabe recordar que el asesinato de ambos defensores ocurrió luego de haber sido objeto de diversas amenazas y una campaña de difamación y desprestigio[2] en la que  -haciendo uso de los medios de comunicación- se les acusaba de lucrar  a través del movimiento y de ser opositores al desarrollo y progreso de la comunidad.

Ante la impunidad que prevalece en el caso, a partir del 22 de octubre de 2014  las y los integrantes de El Barzón Chihuahua realizaron diversos eventos públicos para exigir justicia por los asesinatos y se colocó un Monumento en Memoria de los defensores de derechos humanos en un acto público a las afueras de las oficinas del Comisariado Ejidal de Benito Juárez, Municipio de Buenaventura, Chihuahua. Dos días después, el monumento en memoria de los defensores de derechos humanos fue destruido.

Tras denunciar los hechos, el defensor Martín Solís Bustamante, dirigente de El Barzón Chihuahua, recibió una amenaza de muerte en su contra, lo que lo obligó a salir de manera inmediata del estado de Chihuahua el 25 de octubre de 2014 ya que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida, a pesar de que él y su familia son beneficiarios de las medidas cautelares (388/12) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de noviembre de 2012, y de que en diversas ocasiones ha presentado continuas solicitudes de protección al gobierno que Usted encabeza, las cuales también le han sido negadas. 

La falta de la implementación de dichas medidas impiden que el defensor Martín Solís Bustamante pueda regresar al estado de Chihuahua y continuar su labor en defensa de los derechos humanos.

Ante este contexto de impunidad y riesgo para las y los defensores de derechos humanos en  Chihuahua, desde la RNDDHM manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de las defensoras comunitarias y urbanas, integrantes de El Barzón Chihuahua, a quienes reconocemos el enorme aporte en la defensa del medio ambiente, del derecho a una vivienda digna y su contribución a la visibilización de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en el estado de Chihuahua.

Vemos con suma preocupación el incremento del riesgo en el que se encuentran por su labor en defensa de los derechos humanos, es por ello que las 172 defensoras de derechos humanos de 97 diversas organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal, exigimos al Gobierno del Estado de Chihuahua:

Implemente de manera inmediata las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la continuidad del ejercicio de la defensa de los derechos humanos de las y los integrantes de El Barzón Chihuahua.

Cese a la impunidad prevaleciente en el asesinato de los defensores Manuela Martha Solís Contreras y Ismael Solorio Urrutia, impune desde octubre de 2012.

En coordinación con el Gobierno Federal, implementar de manera eficaz e inmediata las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a defensoras del estado de Chihuahua, muchas de las cuales pertenecen a la RNDDHM. 

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), nos unimos al llamado de la organización internacional Front Line Defenders[3] para que desde su gobierno se tomen las acciones necesarias que aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México, “desarrollen sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos y puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias, incluido hostigamiento judicial”.

 Sin más por el momento quedamos atentas de cualquier información.

 

 

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Carta abierta a las madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero:

 

Reciban un abrazo cálido y fraterno de organizaciones sociales, académicos, activistas y ciudadanos de Ciudad Juárez.  Desde la frontera norte, nos solidarizamos con ustedes en estas terribles horas de angustia por el asesinato de siete jóvenes entre ellos los alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa: Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y Julio Cesar Mondragón Fontes; así como David Josué, joven jugador de fútbol; y porla desaparición forzada de sus hijos, todos jóvenes que representan la esperanza de un futuro más promisorio para este país.

Pese a que en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua conocemos de cerca el dolor y la tragedia que ha traído consigo la indolencia, avaricia, y torpeza de las autoridades municipales, estatales y federales, el horror que atestiguamos en Guerrero nos indigna profundamente.

A miles de kilómetros de Iguala, les acompañamos en su exigencia de justicia y verdad.  Junto a ustedes urgimos a  la autoridad a que no escatime ningún esfuerzo en la búsqueda y presentación con vida de sus hijos, nuestros jóvenes.  A la par de que se cumpla la tarea prioritaria de encontrarlos vivos, nos unimos también al reclamo de que este crimen de estado se esclarezca y que se deslinden responsabilidades ante estos hechos catalogados como crímenes de lesa humanidad.  Como ustedes, vigilaremos que la Procuraduría General de la República informe sobre los avances de las investigaciones de manera puntual y transparente.  Hacemos nuestro su derecho a saber quién o quienes ordenaron y llevaron a cabo el ataque a los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, y porqué.

Sepan que no están sol@s.  La tragedia que se vive en Guerrero –como la que aún vivimos en Chihuahua-- pone de manifiesto la clara intención de instalar el terror como política para justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos.  Es evidente que se busca aniquilar el disenso y la crítica en contra de gobiernos ilegítimos que han desviado el uso del poder y con ello favorecer a una ínfima minoría.

Nuestra solidaridad con ustedes es permanente.  Pero este 8 de octubre, de manera especial, acompañamos sus pasos hasta encontrarlos!

Fraternalmente,

En solidaridad.

Organizaciones de la Sociedad Civil

1.    Grupo de Articulación Justicia en Juárez

2.    Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez A.C.

3.    Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.

4.    Extiende tus Alas A.C.

5.    Panpétalo, y tú derecho a la Alimentación A.C.

6.    Centro Humano de Liderazgo A.C.

7.    Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.

8.    Comité Medico Ciudadano

9.    Fundación Integra A.C.

10.  Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez A.C.

11.  Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C.

12.  Programa Educación en Valores A.C.

13.  Centro Fred Newman para la Terapia Social

14.  Centro de Pastoral Obrera de Ciudad Juárez A.C.

15.  Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud A.C.

16.  Casa Amiga Centro de Crisis A.C.

17.  Fundación Comunitaria de la Frontera Norte A.C.

18.  Casa YMCA del Menor Migrante

19.  Derechos Humanos Integrales en Acción A.C.

20.  Organización Popular Independiente A.C.

21.  Centro de Apoyo de Derechos Humanos para la Infancia A.C.

22.  Servicios Educativos de Asesoría y Promoción Familiar A.C.

23.  El Deporte como Valor Universal A.C.

24.  Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

25.  Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil

26.  Juntos por Juárez sin Adicciones

 

Académicos

1.    Hernán Ortiz Quintana

2.    Georgina Martínez Canizales

3.    Emma Lozano

4.    Bertha Caraveo Camarena

5.    Marina Guadalupe Guerrero Corona

6.    Omar Daniel Cangas Arreola

7.    Arturo Morales Aguirre

8.    Miguel Ángel García Espinoza

9.    Salvador Salazar Gutiérrez

10.  Leticia Castillo Quiñonez

11.  Víctor Orozco

12.  Adán Cano Aguilar

13.  Martha Estela Pérez

14.  Eduardo Barrera Herrera

15.  Elsa Patricia Hernández Hernández

16.  María Patricia Reséndiz Ramos

17.  Pablo Vladimir Araujo Jurado

18.  Gracia Emelia Chávez Ortiz

19.  José Luis Chávez Viguera

20.  Lourdes Almada Mireles

21.  Flor Urbina Barrera

22.  Socorro Velázquez Vargas

23.  Nolberto Acosta Varela

24.  Zulma Méndez

25.  Alberto Ochoa Zezzatti

26.  Carlos Murillo

27.  Maribel Nuñez Rodríguez

28.  Cesar Fuentes

29.  Patricia Beltrán Henríquez

30.  Martha Mónica Curiel garcía

 

 

Agentes Culturales

 

1.      Willilvaldo Delgadillo, Escritor

2.      Leobardo Alvarado, Actor

3.      Armine Arjona, Poeta

4.      Perla de la Rosa, Actriz

5.      Colectiva arte, comunidad y equidad,

6.      Luis Magureguí, Músico y Profesor

7.      Mariana Maese, Artista visual,

8.      Batallones  Femeninos.

9.      Susana Baez, Colectivo Palabras de Arena

 

 

 

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En Ginebra defensora mexicana nominada al “Nobel de derechos humanos”

 

  Mañana se define el Premio de Derechos Humanos Martin Ennals 2014

· Alejandra Ancheita, defensora de derechos humanos, es la primera mujer mexicana nominada al premio Martin Ennals

· La nominación es un reconocimiento a la labor que, pese a las agresiones y el contexto adverso, desarrolla la defensora desde hace más de 15 años en México

 

 México, D. F. a 6 de octubre de 2014.

Mañana 7 de octubre en Ginebra, Suiza, se realizará la entrega del Premio Martin Ennals, considerado el “Nobel de los derechos humanos”. Entre los 3 defensoras/es nominados se encuentra la defensora de derechos humanos mexicana Alejandra Ancheita, fundadora y Directora Ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quien desde hace  más de 15 años acompaña procesos de defensa de trabajadoras, trabajadores y comunidades indígenas y agrarias frente a intereses económicos de empresas transnacionales en México.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) ha documentado de 2010 a 2014 más de 400 agresiones y 31 asesinatos contra defensoras y mujeres periodistas. En este contexto, la nominación de Alejandra Ancheita, integrante también de la RNDDHM, representa una oportunidad para evidenciar las condiciones de riesgo en las que las defensoras de derechos humanos desarrollamos nuestra labor en el país. Sobre todo porque la RNDDHM ha registrado que del conjunto de agresiones, las dirigidas a las defensoras del derecho a la tierra, territorio y bienes naturales, en los que están implicados intereses económicos de empresas transnacionales, han sufrido un aumento considerable durante los últimos años.

En los más de 15 años de trayectoria, la defensora Alejandra Ancheita ha dado acompañamiento a estos casos y junto con su organización, han defendido los derechos de trabajadoras y trabajadores, así como de comunidades agrarias e indígenas en México, evidenciando situaciones de abuso y violaciones a los derechos humanos, principalmente frente a empresas transnacionales mineras y eólicas, lo que ha derivado en diversas amenazas contra la defensora y su organización. Sin embargo, éstas no han representado un obstáculo para seguir trabajando en los casos que acompaña.

En 2005, la defensora Alejandra Ancheita fundó ProDESC, una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para contribuir a su vigencia, justiciabilidad y exigibilidad. Su trabajo está dirigido a evidenciar la falta de cumplimiento de estos derechos por parte del Estado y de las empresas, pero principalmente a acompañar procesos que contribuyan a su reivindicación.

Entre los temas prioritarios de la organización que la defensora dirige, se encuentran: el cumplimiento de los derechos humanos laborales, la defensa de la tierra y territorio, y la defensa de defensores y defensoras de derechos humanos, siempre desde una perspectiva de género. Asimismo, ProDESC se caracteriza por desarrollar una estrategia innovadora de defensa integral ya que no sólo brinda el acompañamiento jurídico a través del litigio estratégico y el análisis jurídico sino que también realiza tareas de investigación, de incidencia política y cuenta con un equipo que fortalece los procesos organizativos de las trabajadoras, trabajadores y comunidades agrarias e indígenas para que defiendan por sí mismos sus derechos humanos.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 168 mujeres de 95 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y Distrito Federal, reconocemos la labor de la defensora Alejandra Ancheita y PRODESC, para nosotras es muy valioso acompañar a la primera mujer mexicana nominada al Premio Martin Ennals, y reconocer el trabajo que la defensora realiza a favor de los derechos humanos, sobre todo en el contexto adverso en el que se encuentra nuestro país

 

 

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"ONG de Derechos Humanos entregan Amicus Curiae  a Juez que dictará sentencia en el caso de la defensora  Bettina Cruz"

 OSC piden absolución de la defensora indígena Binnizá Bettina Cruz

No existen los elementos necesarios para estimar acreditado el delito y la responsabilidad penal plena de la defensora: OSC

29 de septiembre, 2014

Salina Cruz, Oaxaca, México a 29 de septiembre de 2014.- El día de hoy, una comisión de defensoras de derechos humanos de México entregaron al Juez Sexto de Distrito del estado de Oaxaca, Anastacio Ochoa, un Amicus Curie suscrito por defensoras de derechos humanos y  más de 300 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

El documento en calidad de "amigos de la Corte" fue realizado en el marco del proceso judicial que actualmente enfrenta la defensora indígena binnizá Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)[1], así como de laRed de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca.

El Amicus destaca que después de que la defensora fue detenida de manera irregular el 28 de febrero del 2012, el Juez Sexto de Distrito del estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad, derivados de la manifestación pacífica  que la  APIITDTT realizó a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Juchitán, Oaxaca el 3 de abril de 2011.

Desde ese entonces, dicha acción se denunció por parte de organizaciones, como una acción activada y promovida por la CFE a través de la Procuraduría General de la República (PGR) como estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor, lo que ha sido evidente durante el proceso judicial, el cual sostenemos tiene como único fin, limitar la labor de la defensora y servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social.

Así lo ha manifestado también la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual en su informe del año 2012, expresó que  el caso de la defensora Bettina Cruz es emblemático de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México. En dicho informe  señaló puntualmente que:

“Lucila Bettina Cruz Velázquez, cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, ha liderado una serie de campañas a favor de los derechos de los pueblos zapotecos e ikoots que han expresado su oposición a proyectos eólicos en la región.  [Y  que ] desde octubre 2011, ha sufrido amenazas y hostigamientos por su participación en el Comité de Resistencia al proyecto eólico de Unión Hidalgo.”[2].  

Frente a lo anterior, el Amicus Curiae pretende robustecer los argumentos en torno a:

 (I) La inexistencia de los elementos necesarios para estimar acreditado el delito y la responsabilidad penal plena de la defensora de derechos humanos, y

(II) El marco en que deben encuadrarse los hechos respecto del derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, destaca que de acuerdo con la información y a los documentos a los que se ha tenido acceso, surge con contundencia que no se encuentran acreditados ni el delito ni la responsabilidad penal plena de Bettina Cruz Velásquez. 

Por lo que en el Amicus se señala que para la resolución del proceso, existen suficientes elementos que deberían bastar para dictar sentencia absolutoria; y por otra parte, que existen razones sustantivas para no condenar penalmente a la defensora de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez, en razón del contexto que rodea a los hechos relacionados con los ilícitos que injustamente se le imputan. 

Frente a lo anterior, nos mantendremos  alertas de la sentencia final en la que solicitamos al Juez Anastacio Ochoa Pacheco, tome en cuenta el Amicus Curiae entregado el día de hoy, para resolver en definitiva el presente asunto, a fin de que proceda con pleno apego al derecho y a la justicia, lo derivaría claramente en  la absolución  plena de la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez.

En la conferencia estuvieron presentes: Defensora Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT); Diputada Zoila José Juan, Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado; Atziri Ávila, Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM); Dora Ávila integrante del Centro de Derechos de la Mujer "Naxwiin"Yesica Sánchez Maya, Directora Adjunta de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; e integrantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT).

 

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Exige RNDDHM cese criminalización vs defensora Bettina Cruz

Definirá Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca situación legal de la defensora

26 de agosto de 2014.

A través de un oficio enviado al C. Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicado en Salina Cruz, Oaxaca, México, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conformada por 168 defensoras de derechos humanos, pertenecientes a 95 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal, entre ellas la Red Mesa de Mujeres, manifiesta su preocupación por la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).

Es de nuestro conocimiento que en los próximos días, dicho Juzgado emitirá  la sentencia que definirá el estatus legal de la defensora, quien es procesada por los delitos de privación  ilegal de la libertad, y contra el consumo y la  riqueza nacional substanciado en el expediente penal 144/2011.

Cabe recordar que las denuncias en su contra, derivaron de la manifestación pacífica que la APIITDTT realizó el 13 de abril de 2011 frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, para exigir el respeto a los derechos y al territorio de los pueblos ikjoots y binnizá, así como a su decisión de no aceptar el establecimiento, desarrollo y operación de centrales eólicas en tierras de uso común en el Istmo de Tehuantepec.

Un año después, y derivado de dicha manifestación, la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial el 22 de febrero de 2012, con base en una orden de aprehensión girada por un juez federal y recluida en el Reclusorio Regional de Tehuantepec.

Dos  días después, la defensora fue puesta en libertad, después de haber pagado una fianza. Desde ese entonces tiene que acudir a firmar al Ministerio Público los días 15 de cada mes, como parte de las obligaciones procesales. Lo que obstaculiza su labor como defensora, y contraviene con la responsabilidad de las autoridades de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, y que las y los defensores realicen su labor en condiciones de seguridad. Como ha sido recomendado por instancias internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual en marzo de 2013, aprobó la  resolución 22/6 sobre la Protección de las y los defensores de los derechos humanos en la que:

“Exhorta a los Estados a velar por que los defensores de los derechos humanos puedan desempeñar su importante función en el contexto de manifestaciones pacíficas, de conformidad con legislación nacional acorde con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, y, en ese sentido, a velar por que ninguno de ellos sea objeto de fuerza excesiva o indiscriminada, detención o prisión arbitrarias, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, abusos en los procedimientos penales y civiles o amenazas de algunos de los actos mencionados”.

Cabe mencionar que Lucila Bettina Cruz Velázquez es integrante de la RNDDHM,  y quienes la conformamos, conocemos la labor que la defensora ha emprendido desde 2007, en defensa de los derechos y del territorio de los pueblos ikjoots y binnizá, frente a empresas multinacionales eólicas que han violentando los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta, establecidos en diversos Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT.

Asimismo, como RNDDHM reconocemos que el proceso contra la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue activado por la Procuraduría General de la República (PGR) como  una estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor, y ha sido evidente que dicho proceso judicial tuvo como único fin, limitar el hacer de la defensora y servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social.

Ante ello, las 168 defensoras de derechos humanos pertenecientes a la RNDDHM, estaremos atentas de la resolución que se emita en los próximos días y de que la sentencia no sea utilizada como un acto de coerción contra la defensora.

Asimismo nos unimos a la comunidad nacional e internacional, quienes en breve estaremos poniéndonos en contacto con las autoridades, a través de una acción urgente, para exigir el cese de la criminalización contra la defensora y el desarrollo de esta labor en un ambiente libre de violencia.

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Oaxaca y de manera particular al Juez Anastacio Ochoa Pacheco, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicado en Salina Cruz, Oaxaca, México:

 

  • Que la emisión de dicha sentencia se rija bajo los criterios de imparcialidad e independencia, y los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de evitar el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora.
  • Garantizar la presunción de inocencia y el derecho a defender los derechos humanos.

 

  • Exigimos al Gobierno Federal y a las autoridades del Estado de Oaxaca garantizar que las defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor en condiciones de seguridad, sin represalias y en un ambiente libre de violencia.

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RNDDHM exige libertad inmediata de Nestora Salgado

Hoy 21 de agosto de 2014, a un año de la arbitraria detención y traslado a un penal federal de Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) se une a la comunidad nacional e internacional que exige la liberación inmediata de la defensora, quien fue detenida, tras un operativo mixto,  por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal el 21 de agosto de 2013 en Olinalá, Guerrero.

Desde su detención, la RNDDHM tuvo conocimiento de las irregularidades y acciones que se instruyen en una abierta violación del debido proceso y otros derechos humanos, entre los que destaca la presentación de cargos con pruebas insuficientes y contradictorias.

Asimismo, la detención y traslado a un penal federal de Nestora - así como la de otros defensores de la justicia comunitaria e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), nueve actualmente presos, dos de ellos en un penal de máxima seguridad en el Estado de México; y la reciente detención y traslado ilegal al mencionado penal federal de Nayarit del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui- evidencian el carácter político de la persecución penal y el uso ilegal de los penales federales con la complicidad del Gobierno Federal, del que no está exento ningún defensor o defensora de derechos humanos en Guerrero.

Si bien en abril de este año, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, que le había sido dictado a la defensora comunitaria, esto no redundó en su liberación. Contrario a ello, la defensora continúa encarcelada en el penal federal de máxima seguridadenfrentando otros procesos abiertos en su contra.

En este contexto, la salud de la defensora se ha visto afectada y la atención médica de manera adecuada le ha sido negada, mientras tanto sus familiares continúan padeciendo la criminalización contra la defensora.

 En este sentido, cabe recordar que en marzo de 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “aprobó la resolución 22/6, centrada en el uso de la legislación, que constituye un texto de referencia y representa la adopción de una postura firme por parte de los Estados contra el uso indebido de la legislación y la criminalización de las y los defensores”.

Asimismo, en noviembre de 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre las defensoras de los derechos humanos, que constituye una piedra angular en el reconocimiento y el apoyo de la labor importante y legítima realizada por las defensoras […]. De igual forma, la Relatora Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de la ONU, Margaret Sekaggya (2008-2014), manifestó al finalizar su mandato, su grave preocupación “porque las defensoras son objeto de detenciones, malos tratos, tortura, criminalización, procesos judiciales sin las debidas garantías, estigmatización, ataques, amenazas (incluso amenazas de muerte) y violencia sexual, y también de asesinatos”.

 

 

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SIN PROTECCIÓN DEFENSORAS EN MÉXICO

RNDDHM denuncia ante la CIDH omisión, riesgo e impunidad frente agresiones contra defensoras de DH

A pesar de contar con medidas de la CIDH defensoras viven en riesgo permanente

 

12 de agosto de 2014.


En el marco del 152 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en la ciudad de México del 12 al 15 de agosto,  la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)[1] informó a la CIDH sobre agresiones a defensoras y casos emblemáticos que evidencian la situación de violencia, criminalización y riesgo que enfrentan las defensoras de Derechos humanos y mujeres periodistas en México.

La RNDDHM informó sobre las 398 agresiones que de 2010 a 2013 ha  documentado[2], la cual contrasta con la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en la que refieren que del 2012 a septiembre del 2013 se registró un (1) caso de agresión cometido contra una defensora de derechos humanos y seis (6) contra mujeres periodistas[3].

Si bien, posteriormente la SEGOB a través de los expedientes aperturados con motivo de solicitudes de incorporación al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, informó que en  2012 contaba con el registro de cinco (5) agresiones contra defensoras y en 2013, quince (15) agresiones, de las cuales nueve (9) fueron contra defensoras y seis (6) contra mujeres periodistas[4], la RNDDHM informó a la CIDH que tan sólo en el primer trimestre de 2014 ha  registrado 41 agresiones[5] contra 25 defensoras y 6 de sus organizaciones, lo que contrasta visiblemente con la información gubernamental.

Agresiones con componente de género | Caso Teresa Ulloa |

De manera particular, la RNDDHM informó al organismo internacional sobre las agresiones contra defensoras y mujeres periodistas, ya que en  muchos de los casos éstas tienen un componente de género, como es el caso del mensaje enviado a la defensora Teresa Ulloa Ziaúrriz, directora de Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), quien desde el 10 mayo de 2014 ha recibido mensajes en su teléfono celular con mensajes con connotación sexual como “Voy a manchar tus calzones de semen”, lo que sin duda se constituyen en amenazas de agresión sexual. Asimismo se informó a la CIDH, sobre el alto riesgo en el que se encuentra la defensora luego del acompañamiento a víctimas de trata por parte del Ex Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien presuntamente encabezaba una red de trata de personas y explotación sexual al interior del partido político.

Medidas de protección de organismos nacionales e internacionales | Caso Alba Cruz |

Se informó además, que al no encontrar seguridad en nuestro propio país y ante la falta de garantía de medidas de seguridad eficaces, las defensoras y mujeres periodistas han tenido que solicitar medidas de protección tanto a instancias, estatales, nacionales e internacionales. De acuerdo con la información proporcionada a través del IFAI a la RNDDHM, del 2002 a abril de 2014, 43 defensoras de derechos humanos y 1 una periodista han sido beneficiarias de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); por otra parte, 20 defensoras de derechos humanos y una (1) periodista han sido beneficiarias de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).

Pese a ello, la RNDDHM informó a la CIDH que ha documentado agresiones contra defensoras y mujeres periodistas que cuentan con medidas de protección de organismos estatales, nacionales e internacionales como la misma CIDH, tal es el caso de la defensora Alba Cruz, Coordinadora del Área Jurídica de la organización Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGODH) en Oaxaca, quien cuenta con medidas cautelares de la CIDH desde el año 2007,[6] a pesar de ello, el pasado 8 de julio de 2014 su organización recibió amenazas vía telefónica[7] por su labor y la defensa jurídica de defensoras y defensores comunitarios que han sido agredidos y criminalizados por defender su derecho a la tierra y el territorio en el  Istmo de Tehuantepec.

 

Criminalización contra defensoras | Caso Bettina Cruz |

Asimismo la Red Nacional de Defensoras proporcionó información sobre el preocupante caso de la defensora Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), quien junto comunidades ikjoots y binnizá del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, ha recibido una serie de agresiones por la defensa del derecho a su territorio frente a empresas eólicas. Contrario a garantizar la seguridad de la defensora, actualmente la defensora enfrenta un proceso penal acusada de privación ilegal de la libertad  y contra el consumo y la riqueza nacional, que se estará definiendo en los próximos días. Si bien la defensora cuenta con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca desde febrero de 2012  y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno Federal desde noviembre de 2012, Bettina y las comunidades que exigen el respeto a su territorio se encuentran en riesgo permanente.

Campañas de difamación y desprestigio | Caso Alejandra Ancheita |

Otro ejemplo, es el caso de la defensora Alejandra Ancheita, fundadora y directora ejecutiva de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quien ha sido objeto de una  campaña de difamación en los medios nacionales, registrándose más de 30 notas periodísticas en su contra en un periodo de menos de dos años[8], señalándola como “la abogada del diablo”[9], además de basarse en estereotipos de género, usando un lenguaje sexista y machista dichas agresiones se relacionan con la labor que la defensora ha emprendido en el acompañamiento jurídico y la defensa de personas migrantes, trabajadores/as y comunidades indígenas para proteger sus tierras y sus derechos laborales, frente a empresas mineras y energéticas transnacionales, lo que ha derivado en agresiones contra la defensora y su organización, como vigilancia, allanamiento de sus oficinas, entre otras.

 Asesinatos contra defensoras | Sandra Luz Hernández |Finalmente, la RNDDHM informó sobre los 31 asesinatos contra defensoras y mujeres periodistas que ha registrado de 2010 a 2014[10], el más reciente registrado el pasado 12 de mayo de 2014 contra la defensora Sandra Luz Hernández, quien fue asesinada, en Culiacán, Sinaloa. Desde 2012 Sandra había iniciado la búsqueda de su hijo, quien  a la fecha se encuentra desaparecido. Fue asesinada de 15 balazos a plena luz del día, después de haberse reunido con autoridades estatales, quienes le informarían sobre los avances en las investigaciones sobre la desaparición de su hijo, y luego de haber recibido una llamada anónima de una persona que presuntamente le informaría esa tarde sobre la ubicación de su hijo. En este contexto las autoridades pusieron en entredicho su labor como defensora y fue vinculada con el crimen organizado. Si bien el 20 de mayo de 2014 fue detenido el jovenJesús Fernando Valenzuela Rodríguez, como probable responsable del asesinato de la defensora, aún no ha recibido sentencia condenatoria.

Ante la situación de las defensoras de derechos humanos en México la RNDDHM solicitó a la CIDH: Considerar el alto grado de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran las defensoras al momento de la solicitud de medidas cautelares; 

Realizar una solicitud de información al Estado Mexicano en relación a la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, particularmente sobre los indicadores de género para la evaluación del riesgo e implementación de medidas de protección;

Solicitar una comunicación al Estado Mexicano en la que se recomiende la adopción de medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar, con enfoque de género, los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras, y para enjuiciar y castigar a sus autores, así como la adopción de medidas para evitar la impunidad.

En la reunión de organizaciones de la sociedad civil con la  Comisión Interamericana estuvieron presentes: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM); la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  "Todos los derechos para todas y todos" (REDTDT); Mujeres  por  México  en Chihuahua, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODES); Organización Tamaulipas Diversidad Vidha Trans; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P. ”; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Propuesta Cívica; Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), entre otras.

 

 

 

 

COMUNICADO CONJUNTO

 

Ante grave situación de derechos humanos, sociedad civil llama a la Comisión Interamericana a realizar una visita oficial al país

 

·         Durante estancia de la CIDH en México, organizaciones de derechos humanos entregarán información que sustenta la necesidad de una visita

 

11 de agosto de 2014.- Las organizaciones firmantes saludamos la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nuestro país, donde esta semana realizará un período de sesiones en la Ciudad de México. El órgano interamericano celebrará audiencias públicas sobre la situación de derechos humanos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

 

A la luz de la apremiante situación que prevalece en diversos países centroamericanos, confiamos en que las sesiones permitirán enriquecer y dinamizar la labor de la Comisión Interamericana en la región, y nos solidarizamos y reconocemos el trabajo que diariamente llevan a cabo las organizaciones centroamericanas que estarán participando en las audiencias públicas.

 

Al mismo tiempo, la presencia de la Comisión Interamericana es una ocasión propicia para poner de relieve la enorme distancia que existe entre lo enunciado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la realidad de nuestro país, mismo que ocupa el primer lugar en peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH. En ese sentido, es urgente que la Comisión se allegue de información detallada sobre los patrones y causas estructurales de esta realidad, sobre todo si consideramos que la última vez que la plenaria de la CIDH realizó una visita oficial con el fin de analizar la situación general de derechos humanos en México fue hace casi dos décadas en 1996, dando lugar al informe de país publicado en 1998.2

 

Si el contexto de violaciones documentado en 1998 era motivo de gran preocupación, la crisis en derechos humanos que actualmente vive el país constituye un llamado de emergencia a las instancias internacionales de derechos humanos. Es por ello momento de que la CIDH vuelva a realizar una visita oficial a México.

A nivel constitucional, constatamos avances históricos en el reconocimiento de los derechos humanos. Sin embargo, tales reformas todavía no han transformado una realidad lacerante, que incluye decenas de miles de personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas y víctimas de la violencia impune. La militarización de la seguridad pública ha provocado un importante aumento en las violaciones graves de derechos humanos sin poner fin a la violencia.

 

Por otra parte, a dos años de que entre en vigor el nuevo sistema penal en todo el país, las detenciones arbitrarias y la fabricación de culpables siguen siendo el modus operandi del sistema de procuración de justicia, mientras el Relator sobre Tortura de la ONU caracteriza la tortura en México como “generalizada”.

 

Respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, México vive una etapa desoladora de retrocesos bajo las reformas “estructurales” impulsadas por el Ejecutivo Federal que concentran las riquezas del país en las manos de unos cuantos, precarizan el trabajo e imponen a la población los costos del despojo de los recursos naturales. Para mencionar un solo ejemplo, el esquema impulsado por el gobierno federal en materia de hidrocarburos es hoy la principal amenaza que pesa sobre el derecho de los pueblos y comunidades a su tierra y territorio.

 

En el contexto referido, se agrava la situación de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Cientos de miles de personas migrantes se enfrentan a la más absoluta negación de sus derechos cuando se trasladan a través del territorio mexicano, con decenas de miles de víctimas de secuestro, violación sexual, extorsión y otros abusos. La violencia contra la mujer continúa siendo una realidad cotidiana, registrándose altos índices de feminicidios, violencia sexual y desapariciones de mujeres; lo anterior, como consecuencia y síntoma de la desigualdad social y la discriminación generalizada por motivos de género, misma que se vincula con la discriminación por razones de etnicidad, condición socioeconómica y otras.

 

Por otro lado, el Estado sigue sin generar y hacer cumplir legislaciones y políticas públicas que garanticen los derechos de la infancia y adolescencia, en especial de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en instituciones o que estén en riesgo de perder la protección de sus familias, y aquellos en tránsito por la ruta transfronteriza desde Centroamérica. Los pueblos indígenas enfrentan el despojo de su territorio, niveles agravados de pobreza y una falta estatal y social de reconocimiento de su autonomía, instituciones y culturas. Y por supuesto, las y los internos de los centros penitenciarios constituyen un grupo extremadamente vulnerable, que día con día, como consecuencia del autogobierno y de la impunidad que existe al interior de dichos centros, se ve violentado en sus derechos más básicos y fundamentales.

 

En este mismo marco, las personas defensoras de derechos humanos sufren crecientes niveles de represión, desde el uso desviado del sistema penal para criminalizarlas, hasta la aplicación de leyes que priorizan el uso de la fuerza, incluso letal, como única respuesta a la protesta social.

 

Ante el retroceso en la vigencia de los derechos humanos que México ha experimentado en los últimos años, se impone la necesidad de que el Sistema Interamericano vigile estrechamente la situación del país, desplegando todas sus herramientas como lo son las visitas oficiales, la emisión de resoluciones en casos individuales y el monitoreo de su cumplimiento, la publicación de informes y la celebración de audiencias temáticas (las cuales estaremos solicitando prontamente para el próximo periodo de sesiones de octubre), entre otras.

 

Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil aprovecharemos la actual visita de la CIDH para entregarle información detallada sobre la situación de derechos humanos, instándole a que vuelva para estudiar a profundidad el contexto actual, actualizar su informe de país de 1998 y emprender mayores acciones en sus diversos ámbitos de competencia para contribuir a impulsar mejoras en la realidad mexicana.

 

 

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COMUNICADO DE PRENSA

Repudia RNDDHM nuevo allanamiento a revista Contralínea

  26 de junio de 2014

·       Exigimos garantías de seguridad para que las y los periodistas puedan ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información

·       Allanamiento a Contralínea, un ataque más vs la libertad de expresión: RNDDHM

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) conformada por 135 defensoras de 83 diversas organizaciones, repudia el reciente allanamiento a la revista Contralíneaocurrido la noche  del 23 junio de 2014, el cual se suma a una serie de hechos registrados desde 2002.

La RNDDHM ha sido informada de la nueva agresión contra las instalaciones de la revista a través de la cual fue sustraído diverso material y equipo audiovisual; escritorios del equipo fueron saqueados, asimismo fueron sustraídos diversos expedientes periodísticos.

Si bien desde el año 2011 las colaboradoras y colaboradores de la revista cuentan con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), éstas no previnieron las recientes agresiones, ni tampoco  han garantizado la protección de las y los periodistas, ni la continuidad del ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y a la información.

En la RNDDHM reconocemos la labor periodística y la divulgación de contenidos con interés social que ha caracterizado a la revista. Ante ello, nos unimos a las exigencias del cese a las agresiones contra el medio y sus periodistas. Desde su fundación el 10 de abril de 2002, hemos sido testigas de las diversas agresiones contra la revista entre las que se encuentran: amenazas, persecuciones, juicios, allanamientos, etc. Cabe recordar que la periodista Ana Lilia Pérez, quien anteriormente había colaborado con Contralínea, se encuentra exiliada en Alemania desde junio de 2012, luego de recibir amenazas y agresiones por sus investigaciones periodísticas sobre las redes de corrupción en PEMEX.

Asimismo, es de nuestro conocimiento el reciente allanamiento de la casa del director  de la revista Miguel Badillo, ocurrido el pasado 18 de abril de 2014.

Ante ello, las 135 defensoras de derechos humanos ubicadas en 19 estados de la República y el Distrito Federal, exigimos a las autoridades del Gobierno Federal y del Distrito Federal tomen de manera urgente las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de quienes colaboran con la revista Contralínea, entre las cuales destacamos 16 mujeres. En particular manifestamos nuestra preocupación por las periodistas Nancy Flores, Erika Ramírez, Elva Mendoza y Flor Goche, de quienes reconocemos su labor periodística y su compromiso para la construcción de un periodismo para el cambio social.

Finalmente, recordamos que en el Informe Anual 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Relatoría Especial  menciona que ha reiterado en diversas  ocasiones a los Estados  parte a “[r]ealizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social”. De igual manera refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH)  ha señalado que la impunidad—entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena— propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”[1], por lo que hacemos un llamado para que las agresiones contra la revista sean investigadas y no queden en la impunidad.

 

Atentamente: 

Red Nacional de Defensoras

 

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Preocupa a RNDDHM seguridad de defensora en Sonora

23 de junio de 2014.

Guillermo Padrés Elías

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora

PRESENTE

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) nos ponemos en contacto con Usted para manifestar nuestra preocupación por la seguridad de la defensora de derechos humanos Martha Solórzano, integrante de la  “Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C.” La RNDDHM ha sido informada de las recientes agresiones físicas y verbales de las que fue objeto el pasado 14 de junio de 2014 cuando junto con familiares de jóvenes víctimas de tortura, realizaba una manifestación pública en marco del evento del 75 aniversario de la fundación del municipio de San Luis Río Colorado, el cual estuvo encabezado por usted y diversas autoridades estatales.

Es de nuestro conocimiento que la defensora Martha Solórzano fue agredida cuando intentaba acercarse para solicitar su apoyo en el caso de cuatro jóvenes que han sido torturados por policías municipales; dos de ellos denuncian haber sido violados sexualmente y cuyas familias recurrieron a la defensora para solicitar el acompañamiento en la investigación de dichos casos. En este intento la defensora fue retenida por sus guardaespaldas, quienes hostigaron a la defensora.

La preocupación principal se fundamenta en el riesgo de acciones que tomen los miembros de la policía municipal quienes han allanado, agredido, hostigado y deslegitimado la labor de la defensora en el pasado.

Los hechos anteriormente señalados se suman, a la información que recibimos respecto a la detención en 2012 de Jorge Luis Zavala, hijo de la defensora de derechos humanos Martha Solórzano como una posible represalia a su labor.

Desde febrero de 2014 la Red Nacional de Defensoras ha documentado diversas agresiones contra Martha, a raíz del trabajo que realiza para visibilizar las violaciones a derechos humanos perpetradas por funcionarios públicos, en donde la mayoría de los casos permanece en la impunidad.

Ante ello, las 135 defensoras de derechos humanos de las 83 diversas organizaciones que conformamos la Red Nacional de Defensoras en 19 Estados de la República y el Distrito Federal, solicitamos al Gobierno que Usted encabeza, se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica de Martha Solórzano; así como la de su hijo Jorge Luis Zavala.

Si bien la defensora cuenta con medidas otorgadas por el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Martha permanece en una situación de riesgo y vulnerabilidad que ponen en riesgo su vida y la continuidad de su labor. Es importante recordar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU ha recomendado al Estado mexicano “Garantice la rápida aplicación de la Ley de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos de 2012 en los planos federal y estatal a fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, y vele por que no sean objeto de ningún tipo de violencia (…)”.

Finalmente, pedimos a las autoridades estatales y municipales realicen las investigaciones necesarias para que dichas agresiones contra la defensora no queden en la impunidad,  así como esclarecer los motivos por los que el hijo de la defensora ha sido encarcelado.

Las defensoras integrantes de la Red Nacional, nos unimos a la exigencia de protección y justicia que han realizado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional[1]. Quedamos atentas de cualquier información y daremos seguimiento a las acciones que su gobierno emprenda en favor de la defensora Martha Solórzano.

 

 

Atentamente: Red Nacional de Defensoras

 

 

 

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PRONUNCIAMIENTO

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer demandamos al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto destinar los recursos técnicos, humanos y económicos para garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en Juárez en cumplimiento de las Recomendaciones Internacionales.

 

 

Ciudad Juárez cuenta con al menos 141 Recomendaciones de instancias nacionales e internacionales que derivan compromisos para el Estado Mexicano generados desde la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano “Caso González y otras vs México” comúnmente llamado Caso Campo Algodonero y de las 176 Recomendaciones Generales del Examen Periódico Universal en el 2013, entre otros mecanismos internacionales.

 

Por lo que, en el marco del Día Internacional de la Mujer demandamos al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto finalizar la simulación en garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres y asuma el compromiso de destinar recursos reales y permanentes en la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, a partir de fortalecer las instancias del gobierno federal facultadas como lo son la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM y la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas FEVIMTRA.

 

ANTECEDENTES:

 

Familiares, Madres, Activistas, Organizaciones Derechohumanistas, Sociales, Feministas y de Mujeres desde 1993 hasta la fecha han denunciado constantemente la situación de violencia contra las mujeres, la desaparición de mujeres y el feminicidio ante instancias estatales, nacionales e internacionales, derivando que desde 1999 haya visitas de Relatores Especiales y Grupos de Trabajo del Sistema de Derechos Humanos Internacional e Interamericano a Ciudad Juárez.

 

La denuncia del feminicidio y desaparición de mujeres genera en el gobierno federal la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Juárez en el 2004 adscrita a la PGR, misma que en el 2008 se reestructura como la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas FEVIMTRA adscrita a la Procuraduría General de la República.

 

Asimismo, la Secretaría de Gobernación crea la instancia Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, que en el año 2009 se reestructura como parte del Decreto Presidencial como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM.

 

Estas oficinas federales dependientes de la Procuraduría General de la República y la Secretaria de Gobernación, están dedicadas a combatir y prevenir algunas formas de violencia contra la mujer, tienen su origen íntimamente ligado a la historia de violencia hacia las mujeres en  Cd. Juárez, y son precisamente en esta ciudad donde se encuentran más abandonadas por las oficinas centrales de la PGR y SEGOB.

 

“Campo Algodonero” representa el primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado mexicano por violaciones a los  derechos humanos de las mujeres, a causa del feminicidio en Ciudad Juárez. Y es en esta ciudad donde las oficinas federales de CONAVIM y FEVIMTRA carecen de personal, presupuesto y capacidad operativa, y lejos de irse fortaleciendo cada vez son más mermadas en sus recursos materiales y humanos. La FEVIMTRA cuenta únicamente con 2 Ministerios Públicos en la ciudad para atender la problemática de violencia y trata de personas, lo cual consiste a todas luces en una simulación, sin posibilidad real de resultados. Por otra parte la CONAVIM cuenta como personal operativo con solo tres personas incluyendo a la Directora General Adjunta. 

 

En el informe anual de labores 2012-2013 del presidente Enrique Peña Nieto, afirma en lo relativo a las acciones de la FEVIMTRA,  que en estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco, se capacitó a más de 600 servidores con base en el Resolutivo 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Campo Algodonero”mientras en Ciudad Juárez carecen de acciones reales, y se anota como trabajo efectivo para la FEVIMTRA, acciones en el Centro de Justicia para las Mujeres; cuando dichos centros son sostenidos y apoyados por OSC y Gobierno del Estado. El informe refiere falsa o equivocadamente, contar con un Ministerio Público Federal en los Centros de Justicia para las Mujeres, que se encarga de agilizar las órdenes de protección hacia víctimas de violencia, lo cual en esta frontera no existe.

 

Es ya una formula conocida que a cada reclamo que grupos de madres con hijas desaparecidas y ONG´s hacen al Gobierno Federal por el abandono en la entidad, responden enviando personal proveniente del DF, como simple reacción a la presión mediática, personal que se regresa sin culminar o generar resultados. Cuando lo que se necesitan son plazas de gente que trabaje por resolver la problemática de esta ciudad, y no que se encuentre hospedados esperando el momento oportuno para regresar al centro del país.

 

Dentro del ya referido informe anual de labores del Presidente Enrique Peña Nieto, se menciona lo siguiente: Madres de personas desaparecidas

¨Ante las acciones de protesta de las madres de personas  reportadas como desaparecidas del estado de Chihuahua, quienes demandan la atención y celeridad a las investigaciones  que realizan las instituciones de procuración de justicia. En el mes de febrero de 2013 se inició la generación de los espacios de atención con las instancias competentes: Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), logrando con ello establecer un esquema de seguimiento a dichas demandas y la consecuente distensión de  las manifestaciones¨.

 

Estas son las referencias a la problemática de la ciudad, referencias de un informe sin datos, dado que las cifras en resultados son nulas, y los recursos con que cuentan estas oficinas demuestran la simulación que maneja el Gobierno Federal en esta frontera.

 

Un largo historial de abandono por parte del Gobierno Federal hacia esta frontera precede a la situación en que se encuentran la CONAVIM y FEVIMTRA, mientras año con año se demandan más apoyo del gobierno federal, el mismo responde pequeños actos temporales de simulación.

 

En base a las anteriores consideraciones:

 

DEMANDAMOS

 

PRIMERO: Al Presidente de la Republica  Enrique Peña Nieto, solicitamos acabe con la simulación y las oficinas de membrete, y destine recursos reales y permanentes para atender la problemática de la violencia hacia las mujeres en Cd. Juárez, fortaleciendo las oficinas de CONAVIM y FEVIMTRA.

 

SEGUNDO: Del Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Lic. Ricardo García Cervantes el cumplimiento del compromiso realizado con las familias y sus coadyuvantes presentes -en la reunión del 2 de Julio del 2013-   de fortalecer con mayor personal de ¨toda la PGR¨ a la FEVIMTRA.

 

TERCERO: Le solicitamos  a la Fiscal Federal de FEVIMTRA Mtra. Nelly Montealegre, se reanude la revisión de expedientes de los casos de feminicidio y desaparición de mujeres en Cd Juárez. Que se abandonó desde noviembre del año pasado, dejando diligencias inconclusas. 

 

CUARTO: Ante la detención de miembros de una banda de tratantes por parte de la Fiscalía de la Mujer en el Estado, y el hallazgo de 14 osamentas de jóvenes desaparecidas en la ciudad, localizadas en el valle de Juárez zona de Arroyo el Navajo. Le solicitamos  a la Fiscal Federal de FEVIMTRA Mtra. Nelly Montealegre, se involucre en los expedientes que el estado lleva a estas personas, a fin de que se les finquen cargos federales por los delitos que se hayan cometido en la trata y feminicidio de estas jóvenes. 

 

QUINTO: Le solicitamos  a la Comisionada Alejandra Negrete de la CONAVIM, una reunión con las familias y las organizaciones de la sociedad civil, ya que a la fecha no se ha presentado con mujeres  víctimas y ofendidas de delitos de género y feminicidio y OSC en esta frontera. De la misma forma solicitamos refuerce la oficina de CONAVIM en Cd. Juárez, con mayores recursos humanos y materiales. 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua

07 de marzo de 2014

 

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.

Casa Amiga, Centro de Crisis A. C.

Salud y Bienestar Comunitario A. C.

Centro de Estudios y Taller Laboral A. C.

Centro de Estudios de la Mujer “Itziar Lozano”

Grupo El Camino

Centro Mujeres Tonantzin A. C.

Programa Compañeros A. C.

Mujer de Pacto

Centro de Crecimiento Cusmanianos

MMD

Colectiva Arte, Comunidad y Equidad A. C.

 

 

 

 

 

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INDIGNACIÓN ANTE LA CONTINUIDAD DE DESAPARICIONES Y ASESINATOS DE MUJERES CONSTATA LA VIOLENCIA QUE LACERA A NUESTRA CIUDAD DESDE 1993 A LA FECHA.

 

Nos solidarizamos en el dolor, la tristeza, el coraje y la indignación que está viviendo la familia de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 6 de enero del 2009; de Marisela Ávila Hernández, desaparecida el 18 de marzo del 2009 y de Yanira Frayre Jaquez, desaparecida el 16 de junio del 2010. Familias que a inicio de esta semana recibieron la notificación de su identificación en los restos óseos que fueron localizados en enero y febrero del 2012 en el Arroyo El Navajo de Práxedis G. Guerrero, poblado del Valle de Juárez.

 

El conocimiento cercano que tenemos con la situación que vive la Sra. Bertha García madre de Brenda Berenice García, la involucración de sus familiares en la búsqueda de Brenda y la información que al ser coadyuvantes tenemos del proceso de investigación en el caso de su hija, nos llevan a demandar la celeridad en torno a la investigaciones por el feminicidio de Brenda, ahora que su madre ha aceptado la entrega de los restos óseos por la Fiscalía de Delitos de Género. Bertha ha expresado una lentitud y falta de interés desde que desapareció su hija por parte de las instancias del gobierno del estado de Chihuahua como del gobierno federal en las investigaciones.

 

Aclaramos que las señoras Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna (desaparecida el 23 de febrero del 2010) y Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes (desaparecida el 31 de enero de 2009) siguen con la postura de que sea el Equipo de Antropología Forense Argentino (EAAF) quien realice la segunda opinión y dé la certeza sobre correspondencia o no de los restos óseos con sus hijas. Ambas madres desde hace un año a la fecha en ningún momento han renunciado a ello, lo anterior con independencia de que la Fiscalía por decisión unilateral haya enviado muestras de sus hijas al laboratorio de BODE TECHNOLOGY como lo dio a conocer el Fiscal Ernesto Jáuregui de la Fiscalía de Delitos de Género de Chihuahua. Como lo han informado los medios de comunicación en el pasado reciente, el Gobernador de Chihuahua Lic. César Duarte asumió el 22 de septiembre del 2012 frente a las madres y organizaciones sociales en la Ciudad de Chihuahua el compromiso de otorgar las facilidades - jurídicas y administrativas- para que el proceso de segunda opinión con el EAAF se lleve a cabo. Las madres están a la espera de que el próximo 10 de junio ya se tenga la nueva fecha de las diligencias que realizará en Chihuahua el Equipo de Antropología.

 

Para quienes realizamos alguna acción cercana, en el cotidiano con madres y familiares de mujeres desaparecidas conocemos que es una angustia constante desde el momento de presentar el reporte de desaparición que se reaviva cada vez que se informa de una identificación de una mujer, pero que también reimpulsa la exigencia de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la no repetición de más desapariciones y asesinatos de mujeres y a la reparación del daño.

 

Ante estos lamentables hechos le externamos al Gobernador de Chihuahua Lic. César Duarte y a las dependencias a su cargo, así como al Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto y dependencias federales competentes las siguientes DEMANDAS Y EXIGENCIAS:

 

Al Gobierno de Chihuahua:

 

Instamos a las autoridades para agilizar los procesos de identificación de las femeninas no identificadas que prevalecen en el resguardo del Estado de Chihuahua.

 

Tipificar el delito de desaparición de mujeres en el código penal del estado de Chihuahua e incorporar la desaparición de mujeres como un elemento agravante de los delitos de trata de personas, secuestro, sustracción ilegal de personas y Feminicidio.

 

Generar una campaña de prevención de la desaparición de mujeres que contenga acciones de formación y capacitación, acciones de disuasión en las zonas de riesgo para las mujeres, acciones de investigación de los indicios o zonas de riesgo para las mujeres de manera continua, así como fomentar la participación ciudadana al incorporarse en la elaboración de propuestas que lleven a solucionar esta problemática y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

 

Integrar un equipo multidisciplinario en la investigación de los casos de las mujeres desaparecidas, donde se integre a los peritos internacionales que han intervenido en la revisión e investigación del caso Campo Algodonero como cumplimiento de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Brindar un informe público a la ciudadanía chihuahuense del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW en su 52° Sesión donde integra las Recomendaciones ante los hechos de la violencia contra las mujeres, desapariciones de mujeres y Feminicidios.

 

Al Gobierno Federal:

 

Informen sobre los resultados de los trabajos realizados por los peritos internacionales contratados para investigar los casos de Feminicidio de Campo Algodonero, así como de los resultados del proceso de ampliación de investigaciones de los casos de Valle de Juárez y otras realizada por Red Mesa de Mujeres de Cd Juárez.

 

Impulsar una campaña de visibilización de los rostros de las mujeres desaparecidas a nivel nacional, generada en cada entidad federativa, ya que ello, puede colaborar con sus localizaciones.

 

Incorporar en el Código Penal Federal el delito de la desaparición de mujeres y la desaparición involuntaria, así como integrarla como un elemento agravante de la comisión de otros delitos como trata de personas, sustracción ilegal de personas, secuestros y Feminicidios.

 

Desarrollar una campaña nacional para recabar los perfiles genéticos de las madres y familiares de mujeres desaparecidas que pueda cotejarse con los perfiles genéticos de la Femeninas No Identificadas localizadas sin vida y que se encuentran bajo el resguardo de cada entidad federativa y esto llevé a la identificación de las mujeres que aún permanecen desconocidas. Que la Procuraduría General de la República de un informe a las madres y coadyuvantes de lo resultados de las investigaciones a su cargo.

 

Como lo hemos solicitado, se concrete la reunión en Ciudad Juárez de la recién creada Unidad de Personas Desaparecidas - anunciada por SEGOB Y PGR el 27 de mayo –, con la presencia de titulares correspondientes incluyendo FEVIMTRA, las madres de jóvenes desaparecidas, coadyuvantes y organizaciones de la sociedad civil.

 

Se aborde la coordinación entre las entidades federativas para la investigación de los casos de desaparición de mujeres y Feminicidios.

 

Brindar un informe público a la ciudadanía chihuahuense del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de  Discriminación contra la Mujer1 en su 52° Sesión donde integra preocupaciones, exhortos y recomendaciones ante los hechos de las desapariciones de mujeres y Feminicidios. Así como del cumplimiento de las demandas que aquí presentamos

 

1 Observaciones finales a México del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer/52º período de sesiones/9 a 27 de julio de 2012. CEDAW/C/MEX/CO/7-8

 

Demandamos al Titular Dr. Raúl Plascencia Villanueva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Lic. Jose Luis Armendariz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua a salir de la pasividad actual de las dependencias frente a acontecimientos ocurridos en la entidad de Chihuahua y de nueva cuenta en Ciudad Juárez, e involucrarse de manera directa y fijar una posición frente a las demandas.

Al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Chihuahuense de las Mujeres a tener una actitud responsable frente a las demandas en materia de políticas públicas que les compete, en materia de prevención y fijar postura. Así mismo, solidarizarse con el dolor de las madres.

 

Las organizaciones firmantes, quienes nos asumimos integrantes de movimiento de mujeres que documentamos y denunciamos el Feminicidio desde hace 20 años, hoy también nos estamos sumando a la exigencia que realizan las madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas, respetando su autonomía de decidir las formas y los mecanismos de demanda, pues reconocemos que son ellas y sus familias quienes cotidianamente viven en su propio ser la desaparición, la falta de respuestas en la investigación, la lentitud de dar seguimiento a los elementos que aportan para la investigación, y sobre todo viven la angustia, la preocupación y el dolor de manera constante.

 

Por lo anterior, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C. y el grupo de Madres y Familias Unidas por Nuestras Hijas hacemos un llamado contundente a las instituciones del Estado Mexicano a asumir la responsabilidad eficaz y eficiente en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, la Sentencia de Campo Algodonero y las emitidas por diversos organismos internacionales de Derechos Humanos. Demandamos que se establezcan compromisos para dar con los responsables de los hechos de desaparición y asesinato de mujeres en esta frontera y a así continuar con un mecanismo protector de la integridad física y emocional de las madres, hijos e hijas de las mujeres desaparecidas en el proceso de su búsqueda al momento de realizar las notificaciones.

Exhortamos a la comunidad juarense, del estado de Chihuahua, de México e Internacional a la solidaridad en la exigencia de la garantía, protección y respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y a instar a las autoridades de los tres niveles del gobierno mexicano a establecer programas preventivos de todos los tipos de violencia, de atención y sanción, a fin de erradicar las desapariciones y asesinatos de mujeres.

 

Firmantes:

 

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C., Salud y Bienestar Comunitario A.C.

Casa Amiga Centro de Crisis, A.C. Centro de Crecimiento Cuzmaniano

Centro de Mujeres Tonantzin A. C. Programa Compañeros A.C.

Centro de Estudios Itziar Lozano Centro de Estudios y Taller Laboral A.C.

Grupo El Camino Sin Violencia A.C.

Mujer de Pacto Misioneras de María Dolorosa.

Colectiva Arte Comunidad y Equidad, A.C. 

 

Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas:

 

 La Sra. Norma Laguna Cabral y el Sr. Edgar Juache, madre y hermano de Idali Juache Laguna desaparecida el 23 de febrero de 2010,

 La Sra. Susana Montes Rodríguez y el Sr. Miguel Pérez, madre y padre de María de Guadalupe Pérez Montes desaparecida el 31 de enero de 2009,

 La Sra. Carmen Castillo y el Sr. Ernesto Delgado, madre y padre de Mónica Liliana Delgado Castillo desaparecida el 18 de octubre de 2010 e identificada el 27 de septiembre de 2011,

 La Sra. Perla Reyes, madre de Jocelyn Calderón Reyes desaparecida el 30 de diciembre de 2012.

 La Sra. Olga Esparza y el Sr. Ricardo Alanís, madre y padre de Mónica Janeth Alanís Esparza desaparecida el 26 de marzo de 2009.

 La Sra. Modesta Gómez, madre de Claudia Antonia Núñez Gómez desaparecida el 27 de agosto de 2007.

 

Personas firmantes:

 

Imelda Marrufo Nava, María Elena Ramos Rodríguez, Irma Guadalupe Casas Franco, Elizabeth Ávalos Jáquez, Gabriela Reyes, Dora Dávila Corella, Emilia Requenes, Almendra Robles, Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez, Itzel González, Ileana Espinoza Segovia, Elizabeth Loera Pastrana, Claudia Abril Zubia Ronquillo, Nohemí Barraza, Veronica Corchado.Dra. Julia Monarrez, Dra. Rosalba Robles y Dra. Patricia Hernández y Dra. Zulma Y. Mendez.

 

Organizaciones Adherentes

 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Guadalajara), Mujeres por México A.C.(Chihuahua), Asociación Sinaloense de Universitarias Quim Veneranda Bátiz Paredes, A.C.(Sinaloa), Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, A.C (Tecate- Tijuana

 

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Amigas y amigos de los medios de comunicación:
 
 
Por este medio les convocamos a una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua en la que el Centro Juárez de Apoyo al Migrante, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez expondrán información en torno a la detención arbitraria y otros abusos contra el hermano menor de Israel Arzate, Ignacio Zaid Rosales, así como la intimidación a la señora Guadalupe Meléndez, madre de Israel, por agentes de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes intentaron ingresar a su domicilio para buscar sin orden de aprehensión a otro de sus hijos, Ismael.
 
 
El caso de Israel Arzate, joven de Ciudad Juárez que fue torturado por elementos del Ejército con la finalidad de implicarlo en sensible caso de la masacre de Villas de Salvarcar, ha sido señalado como un ejemplo de los abusos por parte de las autoridades civiles y militares en nuestro país por organizaciones como Human Rigths Watch y Aminstía Internacional. Sin embargo este acto de hostigamiento se da en el  contexto de la reciente inclusión de su caso en el Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en el Mundo emitido por el Departamento de Estado de los EU.
 
 
La conferencia tendrá lugar el miércoles 6 de junio a las 12:30 horas (Horario de Ciudad Juárez) en el restaurante Sanborns ubicado en Paseo Triunfo de la República # 3809, Circuito Pronaf, C.P. 32300, en Ciudad Juárez, Chihuahua
 
 
Participarán:
 
               Guadalupe Meléndez, madre de Israel Arzate.
 
               José Rosario Marroquín Farrera, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
 
               Jorge Alberto Gaytán Presidente del Centro Juárez de Apoyo al migrante.
 
               Cecilia Espinoza, Defensora de DH de la Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez.
 
               Simón Hernández León, Abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Posteriormente tendremos algunos espacios para que los participantes en la conferencia de prensa puedan conceder entrevistas, con la finalidad de puntualizar el estado actual del caso, así como sobre las implicaciones de los hostigamientos sufridosEsto se puede agendar (abajo incluimos los datos del contacto para medios de comunicación) independientemente de la invitación que les hacemos a que cubran los actos mencionados. 
 
 
Para mayor información o gestión de entrevistas directamente
 
desde Ciudad Juárez quedamos a sus órdenes
 
 
Quetzalcoatl g. Fontanot
 
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
 
Teléfono celular 55 8531 2218
Correo electrónico:
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El gobierno del Estado en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, empresarios y medios de comunicación llevan a cabo una campaña en la que niegan la existencia del problema de la violencia y la impunidad contra las mujeres que prevalece en esta frontera. A través de una estrategia en la que se descalifica a organizaciones de la sociedad civil (OSC), el Gobierno del Estado retoma la campaña de desprestigio que inició el ex gobernador Patricio Martínez García.

La campaña se enfoca hacia las agrupaciones ciudadanas que denuncian la impunidad, corrupción y posible colusión de funcionarios públicos en crímenes contra mujeres y exigen justicia y programas preventivos para abatir el grave problema de violencia en general que viven en esta ciudad.

 

Se trata de una estrategia que intenta convencer a organismos internacionales de derechos humanos de que en Ciudad Juárez no existe la impunidad y es falsa la ineficiencia del aparato de Procuración de Justicia, con la finalidad de impedir la condena de éstos al Estado Mexicano.

 

Por ello, la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez considera que el actual gobierno de José Reyes Baeza pretende fortalecer lo que inició la pasada administración.

 

El gobierno del Estado utiliza una estrategia mediática de descalificaciones hacia las OSC dando a conocer información incompleta, editada y falsa sobre la realidad juarense.

 

Lo preocupante en esta situación, dice la Mesa de Mujeres, es que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se preste a este tipo de campañas.

 

Organizaciones civiles de la Ciudad de México, quienes también dan seguimiento a la solución del problema de la violencia contra las mujeres en esta frontera, manifestaron su solidaridad hacia las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez.

Anunciaron que emprenderán acciones contra esta campaña, dado que también se les descalifica por su trabajo a favor del derecho a la justicia de las mujeres juarenses.

 

La campaña del Gobierno del Estado contra organismos ciudadanos se apoya en la supuesta preocupación de aquel por “limpiar la imagen” de la ciudad.

 

Para la Mesa de Mujeres, esta situación evidencia aún más el desprecio del gobierno del Estado y todos los que lo apoyan, hacia la vida de las mujeres y, en consecuencia, su desinterés por proteger sus derechos y trabajar a favor de la justicia.

 

La Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez considera que las descalificaciones contra las organizaciones civiles por parte del Estado son otra forma de violencia contra las mujeres y favorecen aún más la impunidad que ya prevalece en esta frontera.

 

 

 
 
 
 
 

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Jurez