En diciembre del 2018 una niña y su madre presentaron una denuncia por los delitos de abuso sexual agravado y violación con penalidad agravada, contra el sacerdote Aristeo Trinidad Baca, quien es ampliamente reconocido por sus obras sociales en la Diócesis de Ciudad Juárez.
La denuncia establece que los hechos ocurrieron desde el año 2015 y hasta el 2018.

A finales del mes de diciembre del 2015 se le acusa de cometer violación agravada contra la niña en la casa parroquial; en septiembre del 2016 es señalado por abuso sexual con penalidad agravada en la misma casa parroquial y finalmente en enero del 2018 se menciona que cometió violación con penalidad agravada.

El acusado fue vinculado a proceso en febrero de 2019 y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva el 9 de febrero. Misma que ha cumplido en la comodidad de su domicilio.

Ante la postura de Maclovio Murillo, funcionario público municipal, y ahora defensor del sacerdote, quien asegura que Aristeo Baca es inocente, y ha declarado que los hechos denunciados son totalmente falsos e inverosímiles.

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación por estas erráticas afirmaciones del ex titular de la Consejería Jurídica del Estado y actualmente Secretario de Ayuntamiento de Ciudad Juárez, quien hizo estas declaraciones siendo funcionario público.
Consideramos:

• Que con la afirmación de la inocencia del acusado, al señalar que por “mandato divino” y su promesa de castidad, nunca cometió los delitos señalados; evidencia su desconocimiento del contexto en el cual ocurren los delitos de abuso sexual en el ámbito clerical; donde, justo la realidad histórica, confirma la protección que desde la cúpula de la Iglesia siempre se les brinda a los agresores sexuales, quedando en la impunidad la mayoría de los casos.

• Que es importante que sea el Tribunal Superior de Justicia quien en este momento garantice los derechos humanos de la víctima.

Hacemos un llamado al Tribunal Superior de Justicia, especialmente a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que están conociendo el caso, para que:

            • Reciban las pruebas desahogadas en el juicio oral, libre de prejuicios y discriminación; centrados en el Interés Superior de la Infancia, reconocido en nuestra legislación nacional; así como en las convenciones y tratados internacionales firmados y ratificados por México.

            • Se apegue a lo establecido en la Sentencia de Campo Algodonero, como lo indica la Corte Interamericana.

            •  Cumplan con los fines del proceso penal, que es conocer la verdad histórica, proveer justicia y reparación integral, tomando en cuenta, que las estadísticas, nos dicen que son mínimos los casos de pederastia eclesial que llegan a los tribunales. Por lo que tienen un compromiso irrestricto con las víctimas que denuncian.

            • Garanticen los principios de protección a las víctimas, especialmente el de máxima protección y de no revictimización, establecidos en la Ley General de Víctimas. Evitando con ello,  que la información que se haga pública, no se convierta en un proceso más de victimización y estigma social hacia la niña.

            Finalmente, expresamos nuestra extrañeza, en cuanto a la insistencia de protección a toda costa del acusado, única y exclusivamente por ser un integrante de la iglesia católica.

            Ya que la Iglesia Católica en los últimos años ha dado muestra de su interés al reconocer los delitos de abuso sexual cometidos por sus integrantes, ha llamado a afrontar con seriedad los casos, creerle a las víctimas y seguir los procesos legales competentes. (Encuentro para la protección de los abusos sexuales en la Iglesia, febrero 2019).

Reiteramos nuestro compromiso por una vida y libre de violencia para las mujeres y las niñas.

¡NO MÁS VIOLENCIA SEXUAL!

¡NO MÁS REVICTIMIZACIÓN!

¡JUSTCIA!

¡NI UNA MÁS!